En los últimos meses, los bancos regionales y comunitarios han reducido su exposición al mercado inmobiliario comercial, en particular a los edificios de oficinas. El escrutinio regulatorio al que se enfrentan estos bancos los ha llevado a desprenderse de propiedades y préstamos a precios descontados, lo que puede presentar oportunidades para inversores estratégicos, pero también tiene implicaciones significativas a corto y largo plazo para la economía.
La implementación de estándares de concesión de préstamos más estrictos para edificios de oficinas ha dificultado cada vez más que los prestatarios obtengan financiamiento, ya que los reguladores bancarios supervisan de cerca a los prestamistas regionales que eran el sustento del sector hipotecario. Se espera que esta tendencia continúe, con las agencias de calificación crediticia de renombre rebajando la calificación de varios bancos regionales en las últimas semanas.
Las repercusiones de esta crisis inmobiliaria comercial se extienden más allá de los bancos y propietarios de edificios. La caída en el valor de las propiedades tiene un impacto severo en los ingresos fiscales de las ciudades, lo que lleva a una reducción en la financiación de servicios esenciales y posibles recortes en seguridad pública y servicios de transporte. La disminución consiguiente de la demanda de espacio de oficinas exacerba la crisis, ya que las condiciones en el centro de la ciudad se deterioran y los trabajadores se resisten a volver a la oficina.
Abordar esta crisis requiere un enfoque multifacético. Las ciudades pueden desempeñar un papel al reducir las restricciones de uso de la tierra y las regulaciones del código de construcción para permitir conversiones de edificios de oficinas en viviendas y otros usos menos costosos. También pueden agilizar el proceso de permisos e inspección para acelerar los trabajos de conversión o renovación. Las reducciones en la tasa impositiva y las zonas de incentivos podrían proporcionar a los propietarios de edificios un respiro y apoyo para restablecer el valor de sus propiedades.
A nivel federal, los reguladores podrían establecer fondos de activos problemáticos, similares al programa TARP de 2008, para abordar la magnitud de los malos préstamos. Los bancos pueden colaborar con los reguladores y prestatarios para revisar estándares y garantías, permitiendo que continúe la concesión de préstamos al tiempo que les otorgan una mayor participación en la ganancia del valor de los edificios que han respaldado.
Los propietarios de edificios pueden contribuir a las asociaciones público-privadas involucrándolos en la propiedad de los edificios y creando espacios de vivienda asequible. Pueden explorar formas alternativas de financiamiento, como arrendamientos de terrenos, y opciones adicionales de sindicación de deuda y titulización.
Combatir la crisis inmobiliaria comercial requiere un enfoque integral que aborde las vulnerabilidades bancarias, la supervisión regulatoria, los cambios económicos y las demandas inmobiliarias en evolución. Las asociaciones público-privadas tienen el potencial de abordar múltiples niveles de la crisis y evitar un colapso financiero sistémico.
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