En las zonas rurales de Sevilla, se estima que existen más de 12.000 viviendas irregulares en urbanizaciones, además de las diseminadas entre fincas y fincas. Este aumento de la población en suelo rústico ha generado situaciones preocupantes, especialmente en lo que respecta a la escasez de agua y al impacto ambiental.
La urbanización de terrenos rústicos sin los permisos correspondientes ha llevado a la construcción de viviendas de forma ilegal, lo que causa un daño irreparable al entorno natural. Estas construcciones no solo incumplen las normativas urbanísticas, sino que además carecen de infraestructuras básicas, como sistemas de alcantarillado o acceso a agua potable.
El problema más significativo de estas urbanizaciones ilegales es la escasez de agua. El aumento de la población en estas zonas no va acompañado de una infraestructura adecuada para abastecer a todos los habitantes. Esto ha llevado a la sobreexplotación de los recursos hídricos disponibles, poniendo en peligro la disponibilidad de agua tanto para el consumo humano como para la agricultura y la ganadería.
Un ejemplo emblemático de esta problemática es el caso de Doñana, donde el crecimiento descontrolado de urbanizaciones en suelo rústico ha generado serios problemas de sobreexplotación del acuífero, poniendo en peligro este espacio protegido de gran valor ecológico.
Es necesario impulsar medidas que frenen este crecimiento descontrolado y permitan regularizar las viviendas irregularmente construidas. Además, es fundamental incrementar las inversiones en infraestructuras adecuadas para la dotación de servicios básicos, como el agua y el saneamiento, de manera que se garantice un desarrollo sostenible de estas zonas.
Fuentes:
– ABC
– Estimaciones basadas en datos locales y reportes de expertos en el tema.