La reciente Ley de Vivienda 2023 ha traído consigo importantes novedades en materia de regulación y control del precio del alquiler. Una de las medidas más relevantes es la creación del concepto de “zona tensionada”, que busca dar respuesta a las necesidades de vivienda insuficiente en determinadas áreas.
En primer lugar, es importante entender qué se considera una zona tensionada. La ley permite que las comunidades autónomas declaren una zona como tensionada en caso de que se cumplan ciertos requisitos, como el elevado precio del alquiler o de las hipotecas en ese área. Esta declaración abre la puerta a la aplicación de medidas de control del mercado de alquiler destinadas a rebajar la tensión existente.
Es fundamental destacar que la declaración de una zona tensionada tiene una validez de tres años, prorrogable anualmente si persisten las circunstancias que la motivaron. El objetivo principal es orientar las actuaciones públicas en el ámbito de la vivienda en áreas con un alto riesgo de oferta insuficiente, para que la vivienda sea accesible en el mercado.
En cuanto a las medidas que pueden aplicarse en estas zonas tensionadas, se establecen restricciones en el precio del alquiler. Durante el año 2023, los propietarios no podrán subir el precio más del 2%. En años sucesivos, se fija un límite de subida del 3% y se contempla la creación de un nuevo índice que sustituirá al IPC para actualizar el precio del alquiler.
Además, se pueden aplicar otras medidas como la prórroga extraordinaria para el arrendatario tras la finalización del contrato, la limitación del alquiler a la renta del contrato anterior en nuevos contratos, la consideración de gran tenedor a partir de 5 inmuebles urbanos, entre otras.
La declaración de una zona tensionada debe cumplir con ciertas formalidades, incluyendo la obtención de información sobre el mercado residencial en la zona y la elaboración de un plan específico con las medidas necesarias para corregir los desequilibrios identificados.
En conclusión, la nueva Ley de Vivienda 2023 busca regular y controlar el precio del alquiler a través de la figura de las zonas tensionadas. Estas zonas son declaradas por las comunidades autónomas y permiten la adopción de medidas para garantizar una oferta suficiente y asequible de vivienda.